Ayuso impulsa el paquete fiscal para aliviar a afectados por la subida del euríbor, inquilinos y propietarios de pisos vacíos

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha comenzado a tramitar las medidas fiscales, y también algunas de las reformas legales, que anunció el pasado febrero dentro del plan de choque en materia de vivienda. La Comunidad de Madrid ha iniciado este miércoles la tramitación de una serie de nuevas bonificaciones en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el de Actos Jurídicos Documentados y el que grava las Transmisiones Patrimoniales. El objetivo que se busca es incentivar que los propietarios de pisos vacíos los pongan en alquiler, de aminorar los efectos de la subida del euríbor sobre los hipotecados y también para favorecer la llegada de nuevos vecinos a los pueblos más pequeños de la región con la bonificación de compras y arrendamientos de vivienda habitual.

"La vivienda es una de las prioridades de este Gobierno", ha aseverado Miguel Ángel García, consejero de Presidencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El también portavoz del Ejecutivo ha detallado que el paquete de medidas se someterá a consulta pública en los próximos días con la idea de poder remitirlo y a la Asamblea regional en junio. Su entrada en vigor se hará con carácter retroactivo a 1 de enero de 2024 para que los madrileños puedan aplicarse las nuevas deducciones en la declaración de la Renta que confeccionarán en 2025.

El responsable autonómico ha mostrado su convencimiento de que estas medidas servirán para "favorecer" el acceso a la vivienda en la región y ha explicado que los datos que maneja el Ejecutivo reflejan que se podrán beneficiar de ellas alrededor de 500.000 contribuyentes que se desgravarán en torno a 118,2 millones de euros el primer año de vigencia.

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La primera medida que ha desgranado el portavoz del Gobierno madrileño va dirigida a los propietarios de viviendas que actualmente estén vacías. Estos madrileños se podrán deducir 1.000 euros en el IRPF si formalizan nuevos contratos de arrendamiento, siempre que los pisos hayan estado en desuso al menos el año inmediatamente anterior a la formalización del contrato y este se firme con una duración superior a tres ejercicios. 

"Los beneficiarios serán los propietarios o usufructuarios que no tengan más de cinco propiedades inmobiliarias", han trasladado desde la Puerta del Sol, que estima que el impacto fiscal concreto de esta medida estará en torno a los 20 millones y llegará a 20.000 contribuyentes. 

Para los madrileños que estén pagando préstamos hipotecarios sobre su vivienda habitual y que hayan padecido la subida de tipos de los últimos meses, el Ejecutivo regional ha diseñado una bonificación del 25% sobre la diferencia que se establezca entre los intereses pagados y los que se habrían satisfecho tomando como referencia el euríbor de diciembre de 2022. Esta deducción se aplicará siempre que el préstamo sea variable y con un límite de 300 euros anuales. Se estima que beneficiará a cerca de 450.000 contribuyentes y generará un "alivio fiscal" de 90 millones.

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Los cambios en materia impositiva también llegan a los pueblos más pequeños de la región, los de menos de 2.500 habitantes, con el objetivo principal de espolear la llegada de jóvenes que ayuden a combatir la despoblación de las zonas rurales estableciendo su residencia habitual en estos núcleos, ya sea mediante compra o alquiler. Por un lado, se fija una deducción de 1.000 euros por traslado de domicilio, siempre que el contribuyente lo mantenga los tres años siguientes. 

Por otro, los jóvenes que adquieran una vivienda habitual en uno de estos pueblos se podrán deducir el 10% del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros durante diez ejercicios fiscales. Además, se establecerá una bonificación del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en caso de adquisición de vivienda de segunda mano, y de Actos Jurídicos Documentados (AJD), en caso de vivienda nueva, siempre que sea para domicilio habitual.

El Gobierno madrileño calcula que con este paquete contra la despoblación beneficiará a más de 1.200 contribuyentes y generará un ahorro de más de ocho millones de euros durante el primer año. El gabinete que preside Isabel Díaz Ayuso ha reclamado este miércoles que el Gobierno central acompañe sus decisiones con otras equivalentes en el tramo estatal, para que las familias noten las bonificaciones impositivas en mayor medida. Este miércoles, también ha echado a andar la normativa que permitirá la reconversión de oficinas en viviendas de alquiler asequible, una medida que será "temporal y extraordinaria", según el consejero Miguel Ángel García, y con la que se estima que se podrán incorporar al mercado unos 20.000 inmuebles en la región.